Vivir del cuento

Solidaridad alerta que más de 2 millones de inmigrantes están inactivos o en paro, un 41,6%.

El sindicato Solidaridad expresa su profunda preocupación por los datos recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de 2023. Estos datos revelan una situación crítica que requiere una atención inmediata debido al incremento de la población inmigrante parada e inactiva en España. Estos datos cobran especial relevancia en el contexto de los acontecimientos actuales que afectan al territorio nacional con la llegada masiva e incontrolada de inmigración ilegal.

Según los datos, la población total de extranjeros de 16 años o más asciende a 5.139.000 millones de personas. De este grupo, 3.588.400 millones se consideran activos, lo que significa que están económicamente activos o son participantes en el mercado laboral.

Sin embargo, es motivo de grave preocupación porque 1.550.600 personas de este mismo grupo se consideran inactivas. Esta cifra se suma a las 591.700 personas que se encuentran desempleadas, lo que refleja una situación alarmante de población inmigrante improductiva que asciende a 2.142.300 personas. Esto supone el 41%. Todo esto sin contar con el más de medio millón de inmigrantes ilegales que se estima que residen en España.

Desde Solidaridad afirmamos rotundamente que hay que poner fin al efecto llamada y luchar contra las ONG y las mafias que trafican con seres humanos. Debemos expulsar de forma inmediata a los inmigrantes ilegales.

Tras conocer los datos de la EPA, Rodrigo Alonso ha expresado su preocupación: “Solidaridad insta al Gobierno de España a tomar medidas urgentes respecto a los 2 millones de inmigrantes que no trabajan e investigar de qué viven todas estas personas.” Además, añade que “la llegada de inmigración ilegal agrava la situación del mercado laboral y de toda la estructura de coberturas sociales, que prioriza a los más de 2 millones de inmigrantes improductivos sobre los españoles”.

Esta situación de alta desocupación entre la población inmigrante se agrava aún más en un momento en el que España recibe una avalancha de inmigración ilegal en sus costas, con la llegada de más de 30.000 personas a las Islas Canarias.