Una burda defensa de su ley, que ya ha beneficiado a 400 agresores sexuales
«Las leyes no bajan penas»: la burrada de Irene Montero sobre las rebajas a violadores
Las falsedades de la ministra de Igualdad, la comunista Irene Montero, sobre su ley del «sólo sí es sí» llegaron este viernes a su tope con una pasmosa declaración.
¿Mentira o exhibición de ignorancia jurídica?
En una entrevista con el youtuber Rubén Hood publicada por Podemos, el partido de extrema izquierda destaca estas palabras de Montero: «Las leyes no bajan penas. Las leyes no sueltan violadores. Esas decisiones, en un estado de derecho, las toman los jueces». Aquí el vídeo que muestra esa declaración:
Cabe preguntarse si estamos ante una pasmosa ignorancia en materia jurídica o una burda mentira con la que pretende tomar por idiotas a los españoles. Sea cual sea la explicación, cualquier persona con un mínimo de cultura debería sentiría vergüenza escuchando estas burradas. En una democracia, las leyes son elaboradas por el Parlamento, conocido en España como «Cortes Generales» y formado por dos cámaras: el Congreso y el Senado. El Artículo 66 de la Constitución lo deja muy claro: «Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado». Es decir, que son esas Cortes las que redactan las leyes. Y por si Montero no se ha enterado, en una de esas leyes, el Código Penal, es donde se indican las penas correspondientes a cada delito, incluyendo sus correspondientes circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes.
El propio gobierno reconoció que estaba en su mano rebajar las penas
Así pues, Montero exhibe su ignorancia o miente -elijan ustedes- al negar su responsabilidad en esa rebaja de penas, ya que la ley orgánica de libertad sexual, también conocida como ley del «sólo sí es sí», fue una iniciativa del gobierno aprobada por el Consejo de Ministros «a propuesta de los ministerios de Igualdad y Justicia», según señala la web de La Moncloa. En la misma nota oficial se mentía al afirmar lo siguiente: «No se opta por la exacerbación punitiva ni por la rebaja de penas«. Es decir, que el propio comunicado del gobierno reconocía que estaba en su mano promover una rebaja de las penas, como finalmente hizo después de mentir al respecto.
Una ministra acusando falsamente a cientos de jueces de cometer un delito
Para terminar, en una democracia la función de los jueces es aplicar las leyes que aprueba el poder legislativo (es decir, el Parlamento, y que pueden ser propuestas por el poder ejecutivo, es decir, el gobierno), ajustándolas a las circunstancias de cada caso. Un juez no puede decidir por su cuenta y riesgo rebajar su condena a un delincuente si la ley no lo permite. De hacerlo, ese juez estaría cometiendo un delito de prevaricación. De hecho, cuando Irene Montero acusa a los jueces de aplicar mal la ley, lo que hace es acusarles de un delito de prevaricación. Es escandaloso ver a una ministra hacer falsas acusaciones de delitos contra cientos de jueces que se limitan a cumplir su deber. Lo que parece pretender la ministra desde hace meses es que esos jueces se salten la ley para corregir la rebaja de penas contemplada en la misma. Ya sólo por algo así, Montero debería ser cesada.
Si Montero sigue en el cargo es por decisión exclusiva de Pedro Sánchez
Obvia decir que si Montero sigue en su cargo, mintiendo de forma tan burda y calumniando a los jueces, es por decisión de Pedro Sánchez, que también es el máximo responsable de que el Consejo de Ministros decidiese aprobar esa ley y de que el PSOE la apoyase en las Cortes. Esa nefasta ley que ha beneficiado a 400 agresores sexuales es responsabilidad de Montero y también de Sánchez, además de responsabilidad, por supuesto, de los 205 diputados que la apoyaron. Y no está de más recordar, por cierto, que el único grupo parlamentario que votó en bloque y sin ninguna excepción contra esa ley fue el de Vox.
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