Si no lo escucho, no lo creo

Yolanda Díaz anima a los ilegales a denunciar malos tratos para que el Gobierno no pueda deportarles

Su expulsión a sus países de origen quede paralizada hasta el momento que los hechos queden esclarecidos por la Justicia

Yolanda Díaz.

Sumar ha lanzado una ofensiva parlamentaria para impulsar las denuncias de malos tratos por parte de los inmigrantes que se encuentran en proceso de deportación. Concretamente, la formación de Yolanda Díaz exige al Gobierno de Pedro Sánchez, del que forman parte, aprobar un protocolo por el cual se paralice la expulsión de los inmigrantes ilegales en caso de que estos denuncien que han sufrido malos tratos en los centros de internamiento de personas extranjeras (CIE).

La formación de Yolanda Díaz justifica esta propuesta en que las quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los centros de internamiento de personas extranjeras, se refieren al temor de que la irregularidad documental en la que se encuentran las personas extranjeras denunciantes de estos malos tratos impida la efectiva investigación de los hechos denunciados. Además, también censura que la expulsión de las personas extranjeras que han entrado ilegalmente se lleva a cabo sin practicar diligencia anticipada alguna

Por este motivo, Sumar ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar una instrucción que incluya un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los centros de internamiento de personas extranjeras. En este protocolo deberá incluirse el principio de realización de una investigación efectiva, la no expulsión de una persona interna mientras se determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo, así como la forma de remisión de la información oportuna al juzgado de guardia y al juzgado de control correspondiente, así como al órgano administrativo competente.

«En virtud de este protocolo, y sin perjuicio del principio de limitación de la expulsión señalado en el párrafo anterior, se deberá informar siempre al juzgado de guardia del tiempo máximo de internamiento pendiente, así como de la fecha prevista de expulsión o repatriación, si se conoce en el momento de la primera comunicación, o bien posteriormente si se determina durante la tramitación del eventual procedimiento penal, con el objeto de que se puedan tomar las decisiones oportunas respecto de la paralización de la expulsión», apunta la formación en su propuesta.

Con este procedimiento, los de Yolanda Díaz animan a los inmigrantes ilegales a denunciar todas las supuestas agresiones que puedan sufrir en estos centros, de tal forma que su deportación y expulsión a sus países de origen quede paralizada hasta el momento que los hechos queden esclarecidos por la Justicia.

Regularización de inmigrantes

PSOE y Sumar han presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes, para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar del 1 de noviembre de 2021, fecha que recoge ahora el texto original.

Esta enmienda contempla regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar quieren que se permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios. Este aumento del periodo puede suponer la regularización de otros 200.000 inmigrantes adicionales, que se sumarían a los 500.000 ya contemplados en esta iniciativa.