Trampas okupas 48 H

Las trampas que esconde la propuesta del PSOE para desalojar a los okupas en 48 horas

Policías y abogados dudan de la efectividad de una medida que, en la práctica, no cambia nada.

Manifestación frente al Congreso de los Diputados | Plataforma de Afectados por la Ocupación

Tras subirse al carro del juez que aseguraba que el aumento de la okupación en España era un bulo, el PSOE sorprendía este miércoles a propios y extraños anunciando una modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para echar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. La música parecía sonar tan bien que muchos no dudaron en celebrar el giro de un ala del Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que cuando uno atiende a la letra pequeña comprueba rápidamente que, en la práctica, apenas cambiará nada.

Para empezar, el PSOE se refiere únicamente a los casos de «allanamiento de morada o usurpación de bienes inmuebles«. Es decir, que sigue dejando fuera a los inquiokupas -inquilinos que dejan de pagar y se niegan a abandonar la vivienda- y que, hoy por hoy, tal y como denuncian las asociaciones de víctimas, son los que mayores problemas están ocasionando en nuestro país. Pero es que, aunque nos ciñamos al okupa de patada en la puerta, los socialistas ya han aclarado -para tranquilizar a sus socios de Podemos- que estos desalojos no afectarán a personas vulnerables. Esto ya supone de base que, si en la casa hay algún menor, no se les podrá desalojar en 48 horas e, incluso aunque no lo haya, los expertos dudan de que se pueda corroborar en dicho plazo.

¿Quiénes son vulnerables?

«La mayoría de los okupas son delincuentes que, al menos sobre el papel, no tienen ningún tipo de ingresos, así que se les podría considerar vulnerables, pese a que tú sabes perfectamente que extraoficialmente a lo mejor ganan el triple o el cuádruple de lo que ganamos nosotros, pero claro… ¿Cómo justificas eso? -se pregunta Pablo Pérez, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional-. Es muy complicado y, por tanto, yo creo que todo va a seguir igual. Esto es más una tirita de cara a la galería que una normativa que busque la eficacia».

En este sentido, la pregunta que los agentes se hacen es quién va a decidir si el okupa es o no vulnerable: «¿Tenemos que ser nosotros cuando acudimos al domicilio o es el juzgado? Porque yo creo que la decisión va a seguir estando en manos de los jueces y estaremos en la misma situación que estamos ahora mismo».

Isabel Gambín, abogada y socia fundadora del despacho Gambín&Jiménez, arroja más luz sobre este asunto: «Ante un caso de esas características, son los Servicios Sociales los que evalúan la vulnerabilidad». ¿Y es posible hacerlo en 48 horas? Su respuesta es tajante: «Ni de broma».

Un proceso largo y tedioso

El proceso, tal y como explica a Libre Mercado, no es ni rápido ni sencillo. «El juez tiene que enviar un oficio a Servicios Sociales, que, ya de por sí, están colapsados. Los plazos de espera son brutales. Pero es que luego, para acreditar la condición de vulnerabilidad, se pide toda una serie de documentación que no se presenta de un día para otro. Después, los Servicios Sociales tienen que analizarla, ver si falta algo o si necesitan alguna aclaración y, cuando esté todo, redactan un informe que remiten de nuevo al juzgado para que tome la decisión que considere oportuna. ¿Tú crees que eso se hace en 48 horas? Es literalmente imposible«, sentencia.

Precisamente por eso, esta abogada experta en casos de okupación coincide con los sindicatos policiales en que la propuesta del PSOE no es más que un brindis al sol. Y eso sin contar con que, tal y como advertía Jupol, muchos de los okupas que finalmente consigan esquivar el desalojo serán falsos vulnerables.

«Cualquier persona que se dedique a esto sabe perfectamente que esta gente muchas veces trabaja en negro. De hecho, ahora mismo estoy llevando un caso de una inquiokupa a la que los Servicios Sociales han considerado vulnerable y, sin embargo, nosotros, a través de un detective, hemos descubierto que trabaja como organizadora de eventos -explica Gambín-. El problema es que, aunque yo pueda acreditar que está desempeñando una actividad, no puedo saber cuál es su salario, así que estamos atados de pies y manos, y el tiempo pasa. Y es lo que va a seguir pasando«.