Las guerracivilistas

Por señalamientos similares a los de Ione Belarra e Irene Montero comenzó la violencia pre-Guerra Civil: insisten en mencionar a empresarios de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa y Naturgy

La secretaria general de Podemos incluso habla de Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, para defender que haya un impuesto a las energéticas sí o sí. Lo hace semanas después de haber acusado de “empresas criminales” a Inditex, Mercadona y Coca-Cola.

Las guerracivilistas Belarra y Montero insisten en señalar a empresas, esta vez toca las energéticas... y en especial, a Repsol

El ambiente de guerracivilismo en España sigue creciendo y buena prueba de ello se puede ver en recientes declaraciones de las podemitas Ione Belarra e Irene Montero. Por gente parecida a ellas empezó la violencia pre-Guerra Civil en 1931. Y es que las dos insisten en señalar a empresas, ahora a Repsol, Iberdrola, Cepsa, Endesa y Naturgy al hilo de la reforma fiscal y el famoso impuestazo a las energéticas.

Este jueves, en el Congreso de los Diputados, la secretaria general de Podemos ha criticado al Gobierno Sánchez. “Parecería lógico que primero hubiera ido a buscar los votos de los grupos de izquierda, a favor de que pague más quien más tiene, y después ir a negociar con los grupos de derechas, que han demostrado en esta negociación una capacidad negociadora muy fuerte en nombre de Repsol y particularmente de Josu Jon Imaz”, ha espetado desde la tribuna de la Cámara Baja. Sin embargo, a Belarra no le gustó nada que el Gobierno fuera primero a negociar con Junts y PNV.

A las podemitas no les ha gustado nada que el PSOE haya negociado antes con Junts y PNV (la España rota) que con la formación morada (España roja)

 

Ya saben que Pedro Sánchez tiene que hacer un difícil equilibrio entre la España rota (sobre todo, representada por los nacionalistas catalanes y vascos de Junts y PNV) y la España roja (Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu, BNG...). Todo para seguir en Moncloa... Algo que hace unos días quedó más que patente cuando a altas horas de la noche, desde el Congreso de los Diputados PSOE acordó con ERC, EH Bildu y BNG prorrogar el impuesto a las energéticas, pero acto seguido el Ministerio de Hacienda mandaba un comunicado donde aclaraba que “mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. ¡Prrrr!

Este jueves, Belarra se ha puesto muy demagógica y ‘ecológica’ al referir que “las empresas energéticas son las más contaminantes de nuestro país, y que están haciendo beneficios milmillonarios contribuyendo a acelerar la emergencia climática que provoca DANAs catastróficas como la que hemos visto en Valencia”. Por si esto no bastara ha vuelto a usar esta tragedia para señalar a empresas y subrayar que “las cinco grandes energéticas de nuestro país Iberdrola, Repsol, Cepsa (no se ha dado cuenta que ahora ya no se llama así, sino Moeve), Endesa y Naturgy ganaron en 2023 10.500 millones, señorías, no es pecata minuta”. Al hilo de esto, ha destacado que “pagaron por el impuesto extraordinario apenas 1.200 millones” y que “su previsión de beneficios para este año es ganar 13.000 millones de euros”. Y ojo, porque como guinda al pastel ha añadido que “va contra todo sentido común que estas empresas que son las más contaminantes y son las principales responsables de la emergencia climática que estamos viviendo no paguen absolutamente nada en este país”. Ojo, porque esto es mentira: aparte del impuestazo energético (que grava el 1,2% de los ingresos en las que facturan más de 1.000 millones anuales), abonan el impuesto de Sociedades, entre otros. Parece que Podemos se ha querido sumar al carro de Sumar, que en las últimas semanas ha sido bastante beligerante con Repsol. Además, no hay que olvidar que al hilo de la DANA acusó de“empresas criminales” a Inditex, Mercadona y Coca-Cola porque “mandaron a trabajar a los trabajadores y trabajadoras después de que habían producido las alertas”.

Irene Montero, ahora eurodiputada de Podemos, también ha insistido en señalar a Repsol y los beneficios de las grandes energéticas, y en cargar contra Junts y PNV. Curiosamente, en su nuevo puesto no cobra nada mal: el salario base (tras impuestos, seguros y ajustes) se queda en 7.776,06 euros al mes... y se pueden añadir complementos por más de 15.000 euros mensuales. Por su parte, el sueldo de Ione Belarra es de 93.986,64 euros al año, por encima del que tiene Pedro Sánchez(90.010,20 euros anuales). 

 

Y por cierto, para acabar su intervención en la Cámara Baja, Belarra ha advertido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que “el camino del mal menor nos lleva directas a un Gobierno del PP y Vox”. Y amenaza al PSOE: “Les pido que rectifiquen, si quieren los votos de Podemos, tiene que haber impuesto a las energéticas”. Finalmente, se ha alcanzado un acuerdo entre PSOE y Podemos para que se constituya una comisión negociadora con todos los grupos de “la mayoría plurinacional y progresista” se va a negociar el citado gravamen antes del 31 de diciembre y sino se prorrogará. Sin embargo, aún habrá que esperar para ver en qué queda la reforma fiscal, tras la votación parlamentaria. 

Por cierto, no hay que olvidar que las energéticas no se han quedado calladas: a través del Club Español de la Energía (Enerclub), BP, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve, Naturgy, Repsol y TotalEnergies han advertido que prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años. Asimismo, han subrayado su compromiso absoluto con la transición energética y la sostenibilidad y que para alcanzar los objetivos (que resultan imposibles) del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado.