🎶🎵Escándalo, es un escandalo🎵🎶

Crece el escándalo por la ‘ley Begoña’: las víctimas de ETA no podrían ser acusación popular en los asesinatos terroristas, denuncia Maite Araluce

Y la Asociación Profesional de la Magistratura advierte: "La proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación…)".

La presidenta de la AVT Maite Araluce

El sábado pasado, en Bilbao, se celebró una manifestación en favor de los presos de ETA para pedir su liberación. 

En esa marcha, extrañó la presencia de Quim Torra,ultranacionalista catalán, dirigente de Omniun Cultural, y expresidente de la Generalidad de Cataluña entre 2018 y 2020 con el partido Junts per Catalunya (JxCat), es decir, el del fugado de la justicia española Carles Puigdemont. El señor Torra tendrá que explicar sus simpatías por quienes han asesinado a cientos de personas...

Asesinatos como estos:

En la citada marcha, sin embargo, no extrañó la presencia de Arnaldo Otegi, el líder de EH Bildu, la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, brazo político de ETA y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista, una banda criminal que tampoco ha ayudado a esclarecer los asesinatos de ETA que quedan sin resolver.

Unos asesinatos que, además, podrían quedar impunes si sale adelante la denominada 'Ley Begoña', esa abyecta reforma judicial -registrada el viernes 10 de enero en el Congreso- que quiere acometer Pedro Sánchez para que la figura de las acusaciones populares desaparezca y que así su mujer y su hermano no puedan ser juzgados.

Lo advertía la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, explicando que con esa nueva ley, las víctimas no podrán ser acusación popular en los asesinatos terroristas:

Y es que esta nueva legislación que pretende sacar delante Pedro Sánchez -Proposición de Ley Orgánica “de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”- es un atropello al Estado de derecho porque se carga las acusaciones populares -que tienen 200 siglos de antigüedad en el derecho español-, porque la instrucción la llevaría a cabo la fiscalía (para quitársela a los jueces, imagínense a la actual Fiscalía general del Estado investigando a Begoña Gómez) y porque pretende tener efecto retroactivo -algo claramente inconstitucional-, para que beneficie a su esposa y a su hermano David Sánchez.

Es decir, un escándalo con todas las letras. 

Tanto es así que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, ha enviado una carta a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo y a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, denunciando semejante atropello y "solicitando su intervención". 

"La proposición, de ser aprobada, limitará gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsificación, blanqueo de capitales…), favoreciendo su impunidad y, en aplicación de su disposición transitoria, puede determinar el archivo de la instrucción de determinas causas penales que hoy se lleva a cabo en determinados juzgados y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que son de todos conocidas por su trascendencia mediática por las personas que están siendo investigadas", explican la APM. 

Y añaden los jueces: "La reforma propuesta vacía de contenido la acusación popular regulada en el artículo 125 de la Constitución, restringiendo su ejercicio y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de personas y entidades públicas y privadas. Además, pretende la inclusión de una nueva causa de abstención/recusación de jueces y magistrados que, sería loable si de garantizar la apariencia objetiva de nuestra independencia e imparcialidad se tratara, -básica para la confianza de los ciudadanos en la Justicia-, sin embargo, parece destinada a limitar nuestra libertad de expresión y evitar o silenciar la discrepancia y la crítica". 

Pedro Sánchez es un dictador en potencia y es capaz de cualquier cosa, como, por ejemplo, aprobar esa escandalosa ley…