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En un nuevo despilfarro de la Xunta dirigido a los chiringuitos feministas

El PP gallego considera que los transexuales son «mujeres en situación de vulnerabilidad»

El Partido Popular parece empeñado en hacerse indistinguible del PSOE, a juzgar por las cosas que aprueba allí donde gobierna. Por ejemplo, en Galicia.

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Hoy tenemos un ejemplo en forma de nuevo despilfarro del gobierno gallego -encabezado por el sucesor de Feijóo, Alfonso Rueda- en chiringuitos feministas a costa de los contribuyentes. El asunto aparece publicado en la edición de hoy del Diario Oficial de Galicia, en forma de una resolución aprobada el 6 de septiembre por la Secretaría General de la Igualdad de la Xunta, una convocatoria de subvenciones para “la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género”. El texto indica que se trata de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del impuesto sobre sociedades, y se dirige a “entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro”.

El importe total de estas subvenciones es de 755.617 euros. Se trata de una cantidad considerable, pero que es sólo una pequeña parte de lo que dedica la Xunta a alimentar toda clase de asociaciones ideológicas. Recordemos que el año pasado, cuando Feijóo aún era presidente del gobierno gallego, la Xunta presumió de haber gastado 400 millones de euros en cinco años en su “estrategia de igualdad”. Una cantidad astronómica. El Artículo 4 de la resolución especifica, en su punto 1 e), lo siguiente: “Los fines y objetivos de las entidades solicitantes deberán contribuir a promover la igualdad entre mujeres y hombres, potenciar la participación y la presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social y atender a las mujeres en situación de vulnerabilidad“.

Los requisitos de estas subvenciones insisten, en varios de sus puntos, en que se dirigen a la atención de “mujeres en situación de vulnerabilidad”. Lo curioso del caso es qué entienden la Xunta por ese concepto. La resolución incluye al final una “Disposición adicional única” que define lo que entiende por “mujeres en situación de vulnerabilidad”, citando, entre otros, los siguientes casos:

• “Inmigrantes, emigrantes retornadas o refugiadas”.
• “Pertenecientes a una minoría étnica“.
• “Reclusas o exreclusas”.
• “Transexuales o con conflictos de identidad de sexo”.
• “Sin titulación o con baja cualificación”.
• “Desempleadas menores de 30 años o mayores de 45 años”.
• “Inactivas o desempleadas de larga duración”.
• “Con residencia en ayuntamientos rurales de zonas poco pobladas de baja densidad”.

Viendo la lista completa (es mucho más larga), cabría preguntarse si la Xunta no acabaría antes indicando qué mujeres cree que no viven en una “situación de vulnerabilidad”, porque la casuística abarca a la amplia mayoría de ellas. De hecho, como se puede observar, hasta incluyen a transexuales, sin especificar si se trata de mujeres que se consideran hombres o al revés, de modo que se considera que se incluyen ambos casos. Incluso ser miembro de una “minoría étnica” es considerado por la Xunta como un caso de vulnerabilidad, aunque esa pertenencia no implique de hecho que esas mujeres sean vulnerables.

Lo que al final se desprende de esa lectura es que la Xunta parece haber abierto la mano para que casi cualquier mujer pueda sentirse vulnerable y así justificar la correspondiente subvención al chiringuito de turno. Una subvención que pagamos todos por igual, tanto hombres como mujeres, pero que sirven para acentuar el trato desigual de la administración autonómica gallega a las personas de ambos sexos. Y es que en España quienes más pisotean la igualdad son precisamente algunos partidos políticos que dicen defenderla, entre ellos el PP, mediante despilfarros como el señalado, dirigidos a sostener una serie de entidades cuyo fin, en muchos casos, es convencernos de que no existe la igualdad en España para así justificar esas subvenciones.