Luz verde a lo verde

El Congreso aprueba la Ley de Movilidad Sostenible: un impulso al transporte por carretera del siglo XXI

El Congreso da luz verde a la Ley de Movilidad Sostenible, que impulsa un transporte más limpio, digital y seguro y obliga a planes de movilidad empresarial.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible ha sido aprobado hoy en el Congreso de los Diputados tras lograr el respaldo de la mayoría del Pleno con 174 votos a favor y 4 abstenciones. Ahora el texto será remitido al Senado para completar su tramitación.

La Ley de Movilidad Sostenible conforma un marco legal sólido que da seguridad jurídica, estabilidad y coherencia a las políticas de movilidad y servirá de base para abordar avances hacia una movilidad más segura, más limpia y conectada. Es una de las reformas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de los hitos acordados con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos NextGenerationEU. De hecho, su aprobación es clave para garantizar el acceso a los fondos europeos del Plan de Recuperación, que suman cerca de 10.000 millones de euros. 

Los cuatro pilares de la ley de Movilidad Sostenible

La futura ley constituirá el marco normativo que permitirá a las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de movilidad y transporte de la ciudadanía y a los retos del siglo XXI: la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

En este sentido, reconoce una “movilidad limpia y sana” , tras constatar que el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, aclara que “urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire”.

De forma concreta, la ley establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.

Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico

 En este sentido, Faconauto,  ha acogido positivamente la incorporación de un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico y su puesta en marcha en un plazo de tres meses desde la aprobación del La Ley de Movilidad Sostenible,

La patronal considera que esta decisión “marca un punto de inflexión en la política de movilidad y sostenibilidad de nuestro país, al reconocer la renovación del parque como una herramienta estructural para reducir emisiones, reforzar la seguridad vial y dinamizar la industria nacional”.

Un derecho de toda la ciudadanía

Otro de los pilares en los que se asienta la Ley es que, por primera vez, reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Esta deberá ser accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla.

En este contexto, la Ley consolida el sistema concesional de autobuses, garantizando que ningún ciudadano perderá oportunidades de viaje, ya que el Ministerio asegurará la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las CCAA no acepten prestar los servicios de su competencia. Además, la norma protege la financiación estatal al transporte urbano.

Sistema digital e innovador

Asimismo, la norma apuesta por un sistema digital e innovador. Se incluye en ella la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), el cual permitirá disponer de información sistematizada del funcionamiento del sistema de transportes y movilidad para el diseño sólido de las políticas públicas. De esta forma, se garantiza la participación activa de todas las administraciones con competencias en esta materia apostando así por un sistema de cogobernanza.

invertir al servicio de la ciudadanía

Finalmente, el cuarto pilar de la Ley apuesta por invertir al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, así como una mayor participación pública. Así pues, se establece la necesidad de análisis que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.

Planes de movilidad sostenible para empresas grandes

Además, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

Dado que la movilidad impacta de manera relevante en la calidad de vida de las personas, la norma vincula el derecho a la movilidad con la obligación de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte dirigida a paliar las carencias que tiene el sistema de transportes desde el punto de vista tanto de infraestructuras como de servicios.